Fortín, Ver.— En un hecho calificado como extraordinario e inédito, el exalcalde de Fortín, Gerardo Rosales, se negó a entregar las oficinas del Palacio Municipal tras concluir oficialmente su administración, incurriendo en una presunta violación a la ley y en la posible usurpación de funciones públicas.
De acuerdo con los señalamientos, Rosales impidió el acceso a la oficina de la Presidencia Municipal al alcalde entrante, argumentando que la entrega se realizaría hasta concluir el levantamiento del acta correspondiente durante el transcurso del día. Sin embargo, esta negativa ha encendido alertas entre ciudadanos y observadores, quienes cuestionan los verdaderos motivos detrás de la retención de los espacios oficiales.
La permanencia del exfuncionario en oficinas que ya no le corresponden ha generado sospechas sobre un posible ocultamiento de documentos, información administrativa o la intención de modificar archivos oficiales antes de la entrega formal, lo que agravaría la situación legal del exalcalde.
Ante este escenario, ciudadanos se manifestaron en las inmediaciones del Palacio Municipal para exigir la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), solicitando que se haga cumplir la ley y se retire al exalcalde del inmueble, al considerar que ya no tiene atribuciones ni justificación legal para permanecer en el edificio.
La tensión generada por esta situación ha puesto en entredicho la transparencia del proceso de entrega-recepción y ha despertado cuestionamientos sobre qué se pretende ocultar o retrasar con esta resistencia a ceder el control de las oficinas municipales.
